Batalla Marxista
DECLARACIÓN COYUNTURA 2018
Contra el ajuste y la represión, la única respuesta es resistencia obrera y popular.
El ajuste no es otra cosa que transferir recursos desde los que menos tienen a los que más tienen. Más exactamente: desvalorizar la fuerza de trabajo para valorizar el capital. Se impone como necesidad cada vez que la ganancia capitalista merma y la economía se estanca.
El ajuste no tiene bando ni color político. Lo habían empezado los K y hoy lo continúa en versión ampliada el gobierno de Cambiemos. Cualquier partidario de la subsistencia del sistema capitalista, ya sea derechista rabioso o reformista ‘de izquierda’ solo podría tocar variantes de la misma partitura: la que exige el Capital y su lógica de funcionamiento. No hay medias tintas. Lo demás es humo.
Ajuste es exigir a los que trabajamos, más esfuerzo por menos paga. La principal herramienta de extorsión es la desocupación. Para ello, los capitalistas cuentan con un arma formidable de control social derivada de la propiedad privada de los medios de producción y cambio: el manejo de la inversión. Si no encuentran condiciones rentables, es decir, esclavos baratos, desinvierten, o se llevan la guita a otra parte con lo cual millones de seres humanos quedan sin trabajo. Bajo esta amenaza latente, el principal mecanismo que aplican para bajarte el salario, al tiempo que intensifican el ritmo de trabajo y te arrebatan derechos laborales adquiridos, es que los salarios pierdan contra el aumento de los precios. Desde la devaluación los sueldos han perdido más de un 12% por ciento de su valor y el plan es que pierdan sistemáticamente año tras año con paritarias a la baja, arregladas con la vendida burocracia de los sindicatos estatizados, parásita, millonaria, burguesa.
Ajuste también es achicar el estado. Es decir, recortar los gastos que puedan significar algún beneficio para los trabajadores por su función pública y con ello liberar recursos para seguir sosteniendo a la clase capitalista, nacional e internacional. Es mantener una legión de ñoquis y clientes y dejar en la calle a los que realmente trabajan. Ajuste es desvalorizar las jubilaciones (que son salario diferido) y las asignaciones de jóvenes y madres sin recursos así como beneficiarios de subsidios sociales a la precariedad o incapacidad.
El ajuste requiere de represión de la disidencia. Así, el ajuste se convierte en ‘apriete’ liso y llano. Palos, balas, cárceles. La represión es proporcional a la resistencia de los de abajo, es decir, de sus víctimas.
La represión es inherente a la democracia capitalista, que es una dictadura encubierta de la clase dominante ejercida mediante su estado, que puede cambiar de forma, pero nunca de contenido, mientras el capitalismo esté de pie.
Para acometer con su mandato (que es el del Capital refrendado por una mayoría electoral) el gobierno de Cambiemos, secundado por todo el arco patronal, kirchnerismo incluído, adoptó la vía del gradualismo y el crecimiento en cámara lenta, a la espera de desmontar toda la estructura que, supuestamente, traba el desarrollo sostenido de la economía argentina. Era el camino obligado después de la esperada ‘lluvia de inversiones’ que nunca fue. También influye el cálculo de los costos políticos en términos de perdurabilidad del consenso hacia una coalición política que ganó por las fracturas del peronismo. Un ajuste por ‘shock’ podría haber generado tendencias ingobernables en el seno de los actores políticos y sindicales o un salto en la resistencia popular.
Los objetivos de mediano plazo son: Alcanzar el equilibrio fiscal en cuatro años, bajando el gasto en un punto del PBI por año comenzando en 2018. Lograr superávit en la cuenta corriente mediante un dólar más alto y por supuesto, domar la inflación que no muestra una tendencia francamente descendente y se resiste a congeniar con los guarismos oficiales. La jugada de largo plazo es que el paquete de reformas, especialmente laborales, pueda bajar el costo del trabajo a niveles atractivos para la inversión que se muestra estancada en torno al 17% desde hace casi tres décadas.
Los mecanismos a los que vienen apelando son: endeudamiento externo para financiar déficit. Elevación de la tasa de interés para enfriar la economía y morigerar la inflación (así como la emisión de Lebacs a niveles riesgosos) y por supuesto, lograr que las paritarias cierren sistemáticamente a la baja respecto de la inflación, proyectando los aumentos hacia la inflación esperada y no sobre la consumada, tal como lo hicieron antes, cargando sobre los salarios el impacto de la devaluación. Es un aspecto clave del plan, que solo puede sostenerse por la colaboración de la burocracia de los sindicatos estatizados y la pasividad de la mayoría de los trabajadores frente al hecho.
El plan ya evidencia severas limitaciones. La recuperación del crecimiento se muestra anémica. La proyección hacia el 2018, que partió de un fantástico 4,5% y se redujo al 3,5% en el presupuesto aprobado, hace agua por los cuatro costados. Incluso en el presupuesto no se tomó en consideración que un crecimiento de una décima más del 3% dispararía la cláusula por la que el estado debería erogar 2500 millones de dólares adicionales. Más se acerca a la previsión del 2,5% hecha por el FMI y si se toma en cuenta el arrastre estadístico, apenas podría superar el 1%. El costo financiero del endeudamiento para suplir déficit fiscal supera con creces la pauta de reducción del mismo al 1% del PBI anual y sólo puede funcionar si el crecimiento del PBI alcanza el 3,5% al menos. La baja de la tasa de interés y un potencial vuelco de los dólares a préstamo al mercado se traducirían en la apreciación de la divisa, dificultando las exportaciones. En síntesis, la persistencia de los ‘déficits gemelos’ y las altas tasas de interés atentan contra el crecimiento de la economía y la reactivación de la inversión. Un cóctel que sólo puede ser tragado con una mayor explotación de la clase trabajadora y pone a la orden del día una escalada represiva y persecutoria sobre los que luchan.
Luchas de resistencia y perspectivas:
La resistencia en esta fase del ajuste no se asienta en el vacío, sino, sobre una relación de fuerzas entre las clases y opera en los marcos de una situación dada. Tomando como referencia lo ocurrido desde el inicio de este gobierno hasta hoy, no es posible hablar de cambios en ninguna de las dos. La relación de fuerzas es favorable a la clase dominante y la situación sigue siendo ‘no revolucionaria’. Es bajo estos parámetros que deben enfocarse las cuestiones de coyuntura y en consecuencia, derivarse las tareas prácticas a desarrollar sin perder de vista el eje estratégico que es y sigue siendo instaurar una conciencia marxista en el movimiento obrero.
Todo gobierno enfrenta ciertos conflictos ‘testigo’ de cuyo desenlace depende su estabilización por un período prolongado. En el caso presente, la prolongada huelga docente y la lucha combativa de los choferes de Córdoba, que culminaron en derrota para los trabajadores, cumplieron ese rol en primera instancia. Desde que asumió este gobierno se perpetraron más de 250.000 despidos contabilizados en el sector privado en blanco y cerraron sus puertas gran cantidad de empresas. A fines del tercer trimestre de 2016 el INDEC reconocía 127.905 y el cierre de 5147 empresas. El CEPA (Centro de estudios políticos argentino) computaba 247.000 a fines de 2016, a lo que se habrían agregado 22.000 más en 2017 aún contabilizando 7.000 nuevos monotributistas y casi 11.800 incorporados en el sector público (lo que dio pábulo a que Mauricio Macri hablara de que el empleo creció en 2017) Según es dado imaginar, en el sector informal, que abarca el 38% por ciento de los asalariados, el panorama ha sido aún peor. Si a lo anterior se suma la pérdida del poder adquisitivo acumulada en dos años que ronda el 20% si se incluye a los trabajadores informales, estamos frente a un ataque formidable al que se le opuso una resistencia ultradefensiva, en su mayoría canalizada por los sindicatos estatizados, que cada vez menos operan como freno a la voracidad patronal y más a cualquier lucha consecuente que emane de las bases obreras. Ningún conflicto, aún entre los más radicalizados donde existe cierta presencia clasista en las comisiones internas, logró derrotar las reestructuraciones empresarias. Es señal incontrovertible de que a nivel de la lucha sindical la izquierda clasista no cuenta con la fuerza necesaria y está aún muy lejos de dirigir a sectores significativos del movimiento obrero, especialmente cuando el ataque frontal desde las patronales y su estado, requiere de la acción independiente, clasista y potencialmente revolucionaria de la mayoría de la clase obrera. No son luchas aisladas de resistencia, aún si imprescindibles y necesarias, las que pueden parar un ataque de esta magnitud.
En el plano de las manifestaciones y protestas, el gobierno enfrentó a pié firme convocatorias bastante importantes sin que ello lo mueva un ápice de sus objetivos. El caso de la desaparición de Santiago Maldonado también fue ‘testigo’ en materia de censar la capacidad de la movilización en cuanto a erosionar imagen o torcer decisiones de estado frente a la represión en defensa de la propiedad privada, posteriormente reiterada de modo impune con la ejecución por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel, sin consecuencias a la vista.
El episodio más importante en materia de protesta popular se produjo en diciembre con el tratamiento apresurado de la ley previsional. Una seguidilla de movilizaciones al Congreso, la primera de las cuales, en combinación con la falta de quórum, logró se levantara la sesión y se planteara un bono de compensación que resta unos 4000 millones de pesos a los más de cienmil que ahorrarán con la reforma a costa del bolsillo de jubilados, madres sin recursos, jóvenes desocupados y discapacitados. Un resultado efímero, seguido de una brutal represión y cacería de manifestantes con un saldo de 37 detenidos. En los hechos, una derrota. La segunda, con más de cientocincuentamil personas en las calles, integrada por las huestes K, la izquierda, varias delegaciones sindicales, ciudadanía descontenta, pequeños grupos anarquistas, que con una lluvia de piedras, botellas y palos mantuvo en vilo al primer cordón represivo hasta que se produjo el repliegue y ulterior operativo de desalojo de la Plaza y una nueva cacería indiscriminada dirigida a sembrar el miedo y sentar precedente con propósitos intimidatorios sobre la población trabajadora. El todo aderezado con una campaña demonizadora sobre los ‘violentos’ ‘foquistas’ ‘sediciosos’ que no se avienen al libre juego democrático de las instituciones. Discurso multiplicado al infinito por los medios y que lamentablemente encuentra eco en grandes fracciones de la población, educada en el pacifismo, el respeto por la legalidad y la aceptación de la explotación de los trabajadores como modo normal de funcionamiento de la sociedad.
Si bien el resultado fue una derrota, dado que la ley se aprobó, mostró un camino y lo más importante, un embrión de frente unido ‘en las calles’ contra el ajuste, que aglutinó a miles de trabajadores y jóvenes precarizados.
El problema estriba en que a la hora de la movilización y la protesta, no sólo cuenta el número, con todo lo importante que pueda ser, o su combatividad, por más ‘aguante’ que se le pueda hacer con palos y piedras al aparato armado de la burguesía. Para todo hay un umbral cualitativo. La movilización no expresaba un estado de rebelión popular generalizada, mucho menos la tendencia de masas a romper la legalidad y armarse para enfrentar a las fuerzas armadas que guardan la propiedad privada capitalista. Ni siquiera era la expresión en las calles de un paro nacional activo garantizado desde abajo por los obreros, contra las reformas y el ajuste, que es lo mínimo necesario para torcer el rumbo (tal vez) de las decisiones de estado y dar paso a un cambio en la relación de fuerzas.
Es por este objetivo que se debe trabajar, pero siendo conscientes de que se parte de una acumulación de fuerza insuficiente y en condiciones muy difíciles. Aún así, es el único camino que se puede intentar.
Los hechos antecitados, el ulterior ‘cacerolazo’ las múltiples manifestaciones de descontento social para con el empeoramiento de las condiciones de vida, evidencian sin duda un desgaste político del gobierno, cuya proyección más probable es electoral. Pero como factores de contrapeso, juegan la consolidación del ‘núcleo duro’ y de un amplio sector de masas que congenia con la idea de que la represión solo afecta a violentos e inadaptados, ‘pagados por los K que quieren volver’ como se suele escuchar. Es que la clase dominante ha sabido grabar a fuego sus valores sociales en la mente de los explotados y las clases medias y las ideas tienen la fuerza de palancas materiales cuando se hacen carne en las masas, ya sea para empujarlas hacia adelante o para mantenerlas en el quietismo y la reacción.
Que pasará en marzo?
Dos rounds decisivos quedan para marzo. El tratamiento de la reforma laboral y las paritarias. Aquí nos ocuparemos de lo primero. La nueva ley es un reclamo largamente acariciado por todo el arco burgués. De hecho es la espada más importante, de cuya aprobación, reglamentación e instauración en la práctica, depende la suerte del plan económico. La baja del costo laboral es la primera necesidad del capitalismo argentino.
La relación de fuerzas a nivel parlamentario impide que el proyecto pueda fracasar en ese ámbito. Aún si fallara, queda el recurso del decreto de necesidad y urgencia. Las movilizaciones de presión sobre el parlamento, parecen haber demostrado sus límites. Tales movilizaciones deberían convertirse en un verdadero ‘Asalto al Congreso’ para dificultar seriamente su tratamiento, pasando por encima del dispositivo de seguridad recargado en razón de la experiencia previa. La reconstrucción del magnífico edificio neoclásico de Meano y Dormal, costaría un poco más que la Plaza de los Dos Congresos. No parece ser lo más probable.
Por el lado de las medidas de fuerza en contra de la ley, la CGT está haciendo la plancha y asado de por medio convoca a una movilización dividida para el 22 de febrero. Parecen satisfechos con haber limado algunos aspectos secundarios del proyecto. Los trascendidos indican que estarían planeando el Confederal para marzo o abril (sic).
Puede decirse entonces, y con razón, que la resistencia a la instauración de la ley, recaerá en manos de las fracciones menos colaboracionistas del kirchnerismo residual, de pequeños sindicatos combativos, seccionales rebeldes, comisiones internas clasistas y por supuesto el amplio arco de la izquierda. Más o menos el mismo espectro que se puso en marcha en diciembre, a lo que se sumará el contingente de ‘arrepentidos’ electorales que comienzan a sentir los efectos del ‘Cambio’ en carne propia.
No es fácil evaluar si la convocatoria será igual, mayor o menor. Dado lo nefasto y abarcativo de la ley, el sentido común indicaría que se estará en presencia de una movilización mayor. Es la perspectiva por la que se debe trabajar en forma previa. Ya hemos visto que no tanto por la posibilidad de que de ese modo se pueda parar la ley, sino, por la implementación de facto de un frente de unidad obrera real que pueda ir más allá de las limitadas y hasta sectarias experiencias que viene impulsando la izquierda. Algo que puede ser el embrión de una coordinación real para la lucha que empiece a erosionar el poder de control de los sindicatos estatizados. Decíamos que el ‘sentido común’ apunta a una movilización mayor, pero dado que para la dialéctica real el sentido común es ‘un tonto a secas’ hay que evaluar otros factores. Uno es el impacto político sobre los sectores más combativos y sobre la periferia solidaria, del fracaso previo. El otro es la intimidación que dimana de la represión efectuada y la campaña liberticida que el gobierno viene poniendo en marcha con el espantajo de ‘los violentos’. En efecto, la judicialización amañada de los manifestantes de diciembre, mantenidos como rehenes, se presenta como una versión ‘dura’ de la represión ‘con el código penal en la mano’ esgrimida por el Kirchnerismo. Lo ocurrido con dos compañeros del PO, a lo que se suma el burdo ‘atentado explosivo’ atribuido al mismo, es una advertencia para los que luchan en general y para los partidos de izquierda en particular. Un llamado a evitar cualquier descarrío ‘violento’ en sus bases, so pena de poner en tela de juicio la legalidad. Es mostrarles claramente que hay cosas con las que no se jode, a menos que se quiera sacar los pies del plato del ‘libre juego democrático’ y probarle los dientes al estado capitalista.
Respecto de los niveles de enfrentamiento, puede decirse sin temor a equivocarse que si hay movilización, hay ‘quilombo’. Aunque no haya ofensiva ‘violenta’ por parte de fracciones de la movilización, los gases, el desalojo, la represión y la cacería ulterior, serán la línea a seguir por los uniformados. La mejor ‘autodefensa’, dada la relación de fuerzas y en la medida que no ocurran hechos inesperados, como una movilización colosal, una radicalización espontánea de la concurrencia, etc. es la que conduce a preservar al máximo número de compañeros de la represión. Es el eje en que se inserta cualquier particular cuya discusión excede los límites de este análisis.
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